Economía política de la pandemia

Miguel Ricaurte

Reflexionando en tiempos de distanciamiento social, recordé un curso de ética que tomé en la universidad, en el que debí argumentar los méritos de un conflicto bélico. La situación a analizar era la siguiente: un pequeño pueblo que maneja el acceso a una cuenca hidrológica con el potencial de dar agua a un valle con gran población, se negaba a compartir el recurso a cambio de una compensación razonable. ¿Podríamos justificar una intervención militar por parte de la población del valle para tomar control del agua, aun cuando ello resultase en la pérdida de algunas vidas en ambos bandos?

El economista y filósofo liberal del siglo XIX John Stuart Mill, principal representante de la escuela de pensamiento “utilitarista” —que postula que, dentro de lo razonable, siempre debemos actuar con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas—, hubiera planteado el simple (pero no poco controversial) argumento de que, si la mayoría se beneficiaba, la acción bélica estaba justificada.

Si revisitamos a Mill para analizar la situación en que nos encontramos debido al Covid-19, hay al menos dos discusiones que deberían desarrollarse con criterios utilitaristas: el mérito de las medidas de apoyo fiscal y monetario a la economía, y la estrategia sanitaria adecuada.

Respecto de lo primero, las declaraciones de autoridades y líderes de distintos matices del espectro político, así como la opinión de analistas, dan cuenta de que habría consenso en que las medidas de estímulo económico son vitales para minimizar el impacto duradero en la economía de lo que parece un choque transitorio. Hasta el economista más liberal o el analista más conservador en materia fiscal, parecen haber abandonado por ahora la defensa a ultranza de la reducción del gasto (y del rol) del sector público. En el mejor de los casos, los llamados son a estar conscientes de que el espacio fiscal se va agotando y eventualmente habrá que pagar la cuenta de un mayor endeudamiento público. Seguramente los analistas y pensadores han entendido que el bienestar de la mayoría en el sector privado hoy depende vitalmente del gasto público, por lo que están dispuestos a “sacrificar” salud fiscal, al menos de manera transitoria.

En cuanto a la estrategia para enfrentar la pandemia, la política pública se debate entre dos opciones: una con medidas estrictas de distanciamiento en pro de “aplanar la curva”, y otra con mayor normalidad en actividades, buscando un contagio amplio para alcanzar inmunidad grupal. Ninguna opción viene sin costos. Bajo la primera, al dilatar la velocidad de contagios se salvarían más vidas, pero la disrupción para las actividades habituales tendrá un importante costo económico. La segunda, en cambio, afecta menos a la economía, pero podría causar más víctimas, pues con más contagios habría mayor número de fallecidos por el virus. Adoptar esta opción demanda reconocer que hay un costo socialmente aceptable en pro del bienestar de la mayoría.

Adoptar un enfoque utilitarista por sobre uno absolutista (en que se proteja sólo a la economía o sólo a la salud), nos obliga a pensar en los beneficios y costos de las decisiones que tomamos, evitándonos sorpresas desagradables más adelante.